En América Latina confluyen culturas ancestrales y ecosistemas de gran valor para el planeta, como la Amazonía, que se despliega en 9 países, o los Páramos Andinos que abarcan 4 de ellos. Latinoamérica es, también, la región más popular en cuanto a inversiones mineras y una importante proveedora de materias primas para el mercado global extractivo minero, motor de nuestras economías. 

Perú es -junto a Chile, México, Brasil y Colombia- uno de los países que aportan a dicha popularidad, pues su modelo económico se sostiene en el extractivismo como principal factor de crecimiento económico. El país de 55 pueblos indígenas organizados en más de 10,000 comunidades campesinas y nativas[1], cuyos miembros hablan más de 40 lenguas originarias[2] es, también, el cuarto destino de capitales mineros[3] en América Latina.

Como ya he citado anteriormente[4], las políticas económicas y de promoción de la inversión en el actual gobierno tienen entre sus premisas: hacer de la minería la palanca del desarrollo. Sin embargo, algunos datos objetivos vinculados a esta actividad, merecen mayor seriedad en el análisis. La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO)[5], reporta en octubre de 2018, 199 conflictos sociales a nivel nacional. El 61.8% (123) corresponden a la categoría socioambiental, es decir, surgieron en torno al acceso, distribución y uso de territorios, recursos naturales y demandas de la población en zonas de interés o actividad extractiva. El 65% (80) tienen que ver con la actividad minera.

Ante este panorama, tiene sentido que la promoción de la minería en el Perú muestre voluntad de diálogo y resolución de conflictos. Sin embargo ¿cómo promoverla cuando existen 8,794[6] Pasivos Ambientales Mineros (PAM) por remediar? Si nos referimos a la extracción petrolera ¿cómo tomar conciencia sobre su importancia si no se atiende la afectación ambiental y humana por los 3,102[7] Pasivos Ambientales en Hidrocarburos sin remediar? Solo en 2016 sucedieron alrededor de 13 derrames en la Amazonía peruana, fugas que sumaron 10,000 barriles de petróleo derramados que afectaron gravemente a comunidades indígenas y ecosistemas amazónicos.

Otro dato importante que ofrece la Defensoría del Pueblo es que, entre 2006 y mayo de 2018, fallecieron en contexto de conflictos sociales: 279 personas (244 civiles, 35 policías) y resultaron heridas 4,816 (3,212 civiles, 1,599 policías, 5 militares); parte de ellas en conflictos socioambientales emblemáticos como Majaz (Piura, 2005), Bagua (Amazonas, 2009), Conga (Cajamarca, 2012) y Tía María (Arequipa, 2015)[8].

Y es que, para imponer proyectos extractivos mineros, tanto el Estado como algunas empresas de este rubro, emplean la criminalización, la estigmatización y una serie de acciones intimidantes y violentas contra defensores y defensoras de derechos en estos contextos; asimismo, el uso (y abuso) de la declaración de Estados de Emergencia “preventivos” que restringen libertades a quienes protestan contra dichos proyectos.

Pero hay una modalidad que viene produciendo efectos negativos en el tejido comunitario de las zonas de interés económico extractivo. Se trata de la captación de líderes y dirigentes in situ, utilizando ONG's o fundaciones que ofrecen alternativas de desarrollo sostenible, resolución de conflictos e, incluso, el contacto directo con sectores del gobierno central para atender necesidades insatisfechas. Curioso porque se trata de necesidades que llevan años esperando atención de las autoridades y, ahora, en contexto de una campaña a favor de la minería, parecieran ser susceptibles de ser atendidas.

Todo ello en un halo de secretismo, poca transparencia y atenciones que convencen a dirigentes a aceptar estas invitaciones y, en ese camino, sembrando desconfianza al interior de sus comunidades, infringiendo sus propias normas y, finalmente, fragmentando sus organizaciones.

Es así como la imposición de algunos proyectos mineros avanza, atropellando derechos con una mano e invocando al diálogo con la otra, con poca autocrítica, con serias limitaciones para abordar en profundidad los desencuentros, y con obvios intereses de convencimiento, más que de diálogo, que terminan incrementando la indignación y las acciones de protesta, más que fundadas.

A quienes nos interesa el estudio de los conflictos y la construcción de experiencias y vivencias transformadoras al abordarlos, nos convoca la tarea de examinar los aspectos que subyacen al interés coyuntural por el diálogo en contextos de conflicto socioambiental. Si bien este interés puede ser legítimo y necesario, también puede llegar a instrumentalizarse para mantener a los pueblos indígenas y originarios en la misma e histórica situación de exclusión, desigualdad e injusticia social.

Como parte de mi tesis doctoral[9] analicé el contexto latinoamericano y peruano en este sentido, abordando el caso concreto del conflicto socioambiental surgido en territorios del pueblo indígena awajún de Cajamarca (Perú), producto del ingreso de una empresa minera, sin su consentimiento. Dicho conflicto trastocó los vínculos al interior de dicho pueblo, producto de la estrategia de la fragmentación, del “divide y vencerás”. El estudio incluyó, además, una experiencia inicial de gestión de conflictos a partir del enfoque de transformación de conflictos propuesto por John Paul Lederach.

Otro caso emblemático es el de las comunidades campesinas y ronderas que habitan en el área de influencia del proyecto minero Río Blanco (Ex Majaz, Piura), en donde la confianza interna se viene debilitando con los mismos patrones, facilitando el avance de un proyecto abierta y mayoritariamente rechazado desde hace más de 10 años.

Un auténtico proceso de diálogo requeriría esfuerzos específicos para incorporar adecuadamente las diferencias culturales, despojándolas de la típica equivalencia a ‘problema’ o ‘traba’, reconociéndolas como elemento central en el tratamiento de los conflictos socioambientales. Por otro lado, urge reconocer que existe un continuum de violencia hacia los pueblos indígenas u originarios, que se ejerce incluso desde el propio Estado. No olvidemos que la violencia ejercida durante el conflicto armado interno afectó a más de 69 mil personas[10], de las cuales el 79% pertenecían a zonas rurales y el 75% tenía como lengua materna el quechua u otra lengua nativa, lo cual evidencia el carácter selectivo de la violencia en el Perú.

Hoy, los mismos pueblos originarios se mantienen sitiados y expuestos diversas formas de violencia por defenderse de intereses económicos e incluso de gobiernos que no les reconocen derechos, ni siquiera como ciudadanos y ciudadanas. Ni siquiera los gobiernos latinoamericanos autodenominados progresistas, han dejado de afectar sus intereses. Recordemos algunos casos: el pueblo achuar amenazado y violentado por el proyecto petrolero Yasuní durante el gobierno de Correa (Ecuador), las comunidades indígenas que rechazan los megaproyectos hidroeléctricos que promueve Morales (Bolivia), o las comunidades campesinas que recibieron represión violenta del gobierno de Humala (Perú) por oponerse al proyecto minero Conga en 2012.

Se trata de círculos de violencia que recorren los mismos territorios, los mismos cuerpos, los de mujeres y hombres de zonas rurales y de pueblos ancestrales del país, cuya fragmentación hoy resulta muy conveniente, incluso para quienes levantan las banderas del “diálogo” y el “desarrollo sostenible”.

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* Este texto formó parte de mi presentación como panelista del eje “Cambio climático, medioambiente y sociedad”, durante el Primer Foro Internacional de Pensamiento Crítico y 8° Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales (CLACSO), realizado en noviembre de 2018 en Buenos Aires (Argentina).

Fotos: Ingrid Sanca Vega / Fedepaz (8° Congreso de Rondas Campesinas de Huancabamba (Piura, Perú), agosto de 2018).

[1] Grupo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Perú (2018): Informe Alternativo 2018, disponible en http://fedepaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=345:oit-ppii-convenio169-informe&catid=29&Itemid=146

[2] MINEDU (2018): Mapa Etnolingüístico del Perú para la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), disponible en: https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/mapalinguisticodelperu.pdf

[3] S&P Global Market Intelligence (2018): World Exploration Trends. A Special Report from S&P Global Market Intelligence for the PDAC International Convention, March 2018. Disponible en: http://www.mch.cl/wp-content/uploads/sites/4/2018/03/2018-World-Exploration-Trends-Report-2018-SP-Global-Market-Intelligence.pdf

[4] Sanca Vega, Ingrid: Columna: “Sinceremos el diálogo” publicada el 20/06/2018 en Noticiar SER, disponible en: http://www.noticiasser.pe/opinion/sinceremos-el-dialogo

[5] Defensoría del Pueblo (2018). Reporte de conflictos sociales Nº 176. Octubre 2018. Consulta: 21/11/2018. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/11/Conflictos-Sociales-N%C2%B0-176-Octubre-2018.pdf

[6] MINEM (2018): Último Inventario de Pasivos Ambientales Mineros, disponible en la web oficial: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/REGISTROS/PASIVOS/2018-ANEXOINVENTARIO.pdf

[7] MINEM (2017): Último Inventario de Pasivos Ambientales del Subsector de Hidrocarburos, disponible en la web oficial: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGGAE/ARCHIVOS/SEGUN%20ACTUAL_PASIVOS_AMBIENT_HIDRO.pdf

[8] Defensoría del Pueblo (2018): Análisis de la conflictividad social de Jul-Ago. Boletín trimestral. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/El-Trimestral-N%C2%B0-1-15-de-octubre-de-2018.pdf

[9] Sanca Vega, Ingrid (2017): La paz de los guerreros. Una experiencia de transformación de conflictos socioambiental en territorios del pueblo awajún de Cajamarca - Perú. Disponible en: https://www.tdx.cat/handle/10803/420858

[10] IDEHPUCP (2013): Conclusiones generales del Informe Final de la CVR. Disponible en: http://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_publicaciones/conclusiones-generales-del-informe-final-de-la-cvr/